Acceso universal

La accesibilidad ha sido en España el gran fracaso de las políticas públicas de estos últimos 30 años

09/04/2013

Según el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, la accesibilidad ha sido en España el gran fracaso de las políticas públicas de discapacidad de estos últimos 30 años”. Así lo ha expresado durante su intervención en la ponencia ‘Nuevo marco legislativo en relación con la accesibilidad en España’ que ha ofrecido en una ponencia ofrecida en el Curso sobre Accesibilidad, organizado por la Fundación Arquitectura COAM y la Fundación ONCE.

“En estos decenios de acción pública en materia de discapacidad, la accesibilidad ha sido el pariente pobre, la ‘maría’ de las políticas de discapacidad”, ha añadido. Para él, “el balance es realmente mísero, por lo que la población con discapacidad experimenta este ámbito en términos de déficit, de carencia”.

En este sentido, según ha continuado, “la ausencia de accesibilidad es hoy la violación más insidiosa, pero no por ello menos efectiva, de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”.

Por ello, Pérez Bueno ha afirmado que “más que el empleo, la educación, los servicios sociales, la accesibilidad debería ser hoy el eje de las políticas públicas de discapacidad, de toda acción e intervención, pública y privada, en esta materia”.

“La accesibilidad es una cuestión de derechos civiles, de derechos humanos, por lo que la ausencia de accesibilidad ha de considerarse como una violación de estos derechos, un acto antijurídico, un trato desigual discriminatorio, prohibido por la Ley y perseguible”, ha manifestado.

Así, ha reflexionado sobre el cambio cualitativo en el enfoque hacia la discapacidad, que abarca en España al 9% de la población, que hoy se entiende como una cuestión de derechos humanos, por lo que, según ha indicado, el pleno ejercicio de estos derechos “está supeditado a la posibilidad de acceso, uso y disfrute del conjunto de bienes y servicios que ofrece la sociedad, es decir, a la accesibilidad”.

Regulación normativa sobre accesibilidad en España

En cuanto a la regulación normativa de la accesibilidad en España ha hecho referencia a sus orígenes, citando a la LISMI, por la que se regula la accesibilidad como eliminación de barreras y como parte de la asistencia social. Para el CERMI, es “escaso, por no decir nulo, el desarrollo de esta Ley, en materia de eliminación de barreras por parte del Estado, ya que se deja todo a las comunidades autónomas”.

En relación a la legislación autonómica, existen 19 leyes al respecto, contando con Ceuta y Melilla, con una diversidad de criterios, que participan de la concepción “anticuada” de la LISMI, y que, según el CERMI, carecen de la dimensión de la Accesibilidad Universal, ya que hacen referencia a la accesibilidad al medio físico, fundamentalmente, al transporte, y a la comunicación.

Además, ha hablado del nuevo contexto existente de la LIONDAU y de las condiciones básicas de accesibilidad que abarca en relación al transporte, las nuevas tecnologías, el medio físico, las administraciones públicas, bienes y servicios a disposición del público y procesos electorales. Asimismo, ha señalado el nuevo régimen que establece sobre infracciones y sanciones y ha hecho referencia a la “difícil” convivencia de las normas estatales y autonómicas.

También ha indicado otros ámbitos para la regulación normativa de la accesibilidad, como: la legislación sobre la lengua de signos y apoyos a la comunicación oral, la comunicación audiovisual, los planes de estudio, Internet, TDT, libros y bibliotecas, procesos electorales, cine, así como bienes y servicios de todas clases.

Según el CERMI, “a medio plazo, seguirá ampliándose la legislación sobre accesibilidad y habrá más normas estatales, pero también vendrá otra generación, renovada, de normas autonómicas”. Al mismo tiempo, ha asegurado que “es de esperar que la normativa local se amplíe considerablemente”.

Por último, Luis Cayo Pérez Bueno ha expresado que la plena ciudadanía de las personas con discapacidad y la calidad de sus derechos pasan por lo que hagamos en materia de accesibilidad.

En este sentido, ha advertido que para garantizar la buena dirección de ese proceso depende de las propias personas con discapacidad y de las entidades en las que se integran, de las políticas y de las normas garantistas que se vayan aprobando, y de los profesionales, como los arquitectos, que participan “tan decisivamente” en la habilitación de entornos sociales (edificación y urbanismo”).